Perlas de la realidad palmirense

La tierra una más

Quien no viva junto a la ciudad puerto, el más importante del interior, ni se imagina el alto costo que padecen los palmirenses porque Nueva Palmira se haya convertido en la ciudad portuaria como estaba predestinada. Pero sólo la mitad de los sueños se cristalizaron, porque en la escena nacional esta ciudad solo existe puntualmente y es desconocida por el gobierno; la falta de inversión pública y la ambición empresarial desmedida la han arrinconado. Por ello, vecinos cansados, hartos, en una convocatoria que llega a todos los puntos de la ciudad, se movilizan mañana domingo reclamando soluciones.

Ya desde los tiempos de Jorge Batlle, con la construcción de la explanada de Ontur, aparecen en escena empresarios que construyen primero y luego preguntan si está bien que hayan invertido en ese lugar. Y las autoridades, una vez más, hacen una excepción y les dan el permiso.

Los tiempos han cambiado y nos cambiaron, en algunas cosas para mal. Las crisis económicas, las necesidades insatisfechas, la escasez de fuentes de trabajo, llevaron a que las autoridades y la comunidad aceptara “cualquiera”.

Los silos pegados a la ciudad o dentro de ella son la muestra de la eterna búsqueda de los empresarios de instalarse lo más próximo posible a las terminales portuarias y así achicar los costos de los fletes.

Pero todo tiene un límite. Y la falta de previsión en una obra carretera y la tierra que inundó la ciudad fueron el estallido final. Las casas llenas de polvo de tosca, chicos con problemas respiratorios, una situación agobiante al punto tal que hubo vecinos que dijeron basta. Y así surgió el movimiento (con mucha razón, hay que repetirlo hasta el cansancio) de vecinos que junto a la Alcaldía de Nueva Palmira convocan a una marcha pacífica y la lectura de una proclama “en defensa de la ciudad”.

Que significa también defender el agua. No es ninguna novedad el ataque recibe de la actividad porturia, industrial y de cloriformes. No es casualidad que las aguas de las playas palmirenses son las que tienen el peor estado (ver página 5 de Colonia).

¿Hasta cuándo?

¿Hasta cuándo debemos aguantar? ¿Cuál es el límite de cada uno? ¿Hasta cuándo uno debe soportar en pos del interés general? ¿Cuál es la raya entre el empresario que invierte y el vecino que se refugia? ¿Tiene más derechos el inversor que el vecino, que el trabajador? ¿Cuándo un vecino tiene razón?

Son muchas las preguntas y muchas las respuestas. Pero los límites son de cada uno.

Vecinos que hoy reclaman, ayer no lo hacían. La hora es de cada uno. Por suerte, estamos en democracia.

Pero quien sí debe dar respuestas, quien debe levantar el guante, es el gobierno nacional que no ha estado a la altura de la situación. Es más, se ha obligado a olvidarse.

El presidente José Mujica viene a la Estancia de Anchorena, se hace presente en un acto de una escuela de Carmelo, pero no cruza el puente de Camacho. El Arroyo Víboras es una frontera infranqueable. ¿Por qué? Mi respuesta es: para no involucrarse en una realidad que apabulla.

En los discursos gubernamentales, en los grandes medios de comunicación, la ciudad de Nueva Palmira es una panacea. Pero claro, los consultados son siempre los empresarios, los representantes del gobierno. Esos discursos, esa información, no tienen como fuente a Nueva Palmira, a sus habitantes.

Esa logística ha afectado y ha deteriorado la calidad de vida de los palmirenses y a la ciudad misma, vulnerando leyes nacionales y municipales. Por ejemplo, en el año 1962, el fallecido caudillo blanco, Wilson Ferreira Aldunate, impulsó una ley que aprobó el senado de la República, aún vigente, y que en el artículo 1º dice: “Declárase de interés para el turismo a la ciudad de Nueva Palmira, departamento de Colonia, y sus zonas adyacentes limitadas por el Río Uruguay, Río de la Plata y los arroyos Sauce y Camacho (por el Víboras)…”. Esta ley, nunca refrendada, y que tuvo otro toque con la ley municipal de 1992, impulsada en la gestión del doctor Carlos Moreira y aprobada por la Junta Departamental de Colonia en el año 1993, estableció las franjas (industrial y de protección) donde, por ejemplo, silos como los de Kilafén (y también Miryn, sobre la calle Ordoñana) no la respetan.

Por ello, Nueva Palmira es el reino del desconocimiento de las leyes y reglamentaciones, con dependencias del gobierno como la Dirección Nacional de Puertos (ANP), la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), la Dirección de Zonas Francas, con directores y funcionarios con falta de capacidad o de interés sobre lo que sucede aquí, y también mancomunados con empresas y así sacar su tajada.

En Montevideo los escritorios se llenan de proyectos y allá ponen el dedo donde le parece conveniente. Si allí vive un palmirense, es problema del vecino, no del proyecto. Se suman uno y otro más. Aquí va una lista de irregularidades y de proyectos que hacen padecer a la ciudad:

—Por supuesto, comenzamos con la explanada de Ontur: se realizó una obra en forma ilegal por medio de Miguel Fraschini y José Zorrilla, a la vista de todas las autoridades, donde se rellenó el río, se afectó una playa y se atentó contra el paisaje; todo para instalar un gigantesco galpón donde depositar celulosa.

—Terminar la obra de la explanada en el puerto oficial (ejecutada también por la empresa constructora Santamaría) que ha tenido un sinfin de demoras y de irregularidades.

—Plantas de acopio de granos sin los filtros adecuados.

—Carga y descarga de azufre, fertilizantes y otros productos químicos en el puerto oficial en forma irregular, sin los adecuados planes de contingencia.

—Faltas de obras viales: carreteras, accesos, calles, puentes, señalizaciones, etcétera.

—Manipulación de combustibles en forma irregular sin planes de contingencia (ver EL ECO del 12 de noviembre de 2011).

—Instalación y funcionamiento de la planta de hormigonera de la empresa Santa María en pleno Barrio Higueritas.

—Proyecto de instalación de depósito de fertilizantes de Factoril S.A. junto al Barrio Higueritas.

—Proyecto de amarradero de barcazas al norte de la ciudad de Nueva Palmira, a la altura del Arroyo del Sauce.

—Falta de estacionamiento para camiones.

—Empresas de acopio que carecen de playa de estacionamiento.

—Falta cartera de tierra.

—Carencias en el proyecto PIAI.

—Molino de granos en el centro de la ciudad.

—Falta personal en las oficinas públicas, como por ejemplo Aduanas, Bomberos, Ose, Seccional Policial, etcétera.

—La zona franca tiene usuarios con proyectos que nunca cristalizan.

—No hay ciudadanos palmirenses en las oficinas donde se planean y definen proyectos.

—Hospital: falta dotarlo de mayor jerarquía, con mayor inversión, y ponerlo a la altura de los servicios que pueden solicitarle las actividades industriales y portuarias.

—Mayores salarios a los trabajadores.

—Falta de saneamiento.

—Falta de control de las cargas peligrosas.

—Falta de espacios recreativos.

—Ejecución de planes de viviendas.

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El fútbol y el talento vienen de atrás

Hay que decirlo bajito, casi al oído: mirá que con la celeste hubo mejores o tan buenos arqueros como Muslera; Lugano no es el primer caudillo y antes de Forlán y Suárez hubo otros que te hacían cualquier dibujo en el área.

Yo soy del tiempo de Mazurkiewicz, de Espárrago y de Pablo Forlán. Soy del tiempo de Mujica, Abadi y Pedro Rocha.

Todavía me emociono con los goles de Morena, Victorino o Cascarilla Morales.

Me siguen causando tranquilidad las atajadas de Rodolfo Rodríguez, que miraba con severidad a los rivales desde sus enormes bigotes.

Aún Custodio o el indio Olivera hinchan los pulmones y le ganan al más pintado. Todavía sonrío cuando veo las imágenes de Enzo Francescoli levantando copas, y me admiro con los desbordes de Rubén Paz y de Venancio Ramos enloqueciendo rivales.

Yo no me olvido de la elegancia y la inteligencia del Polilla Da Silva y doy las gracias de haber podido gritar el golazo de Darío Rodríguez ante Dinamarca en el Mundial 2002.

Le creí al maestro Tabárez en el Mundial de Italia 90 y me partí la cabeza cuando el Principito Sosa erró el penal contra España, pero siempre lo admiré, porque nos dio un millón de alegrías con sus piques endiablados.

Es cierto que miramos algunos mundiales desde las tribunas, a pesar del juego de Darío Pereyra o de Antonio Alzamendi. Pero le ganamos a la Argentina de Maradona en la copa América de 1987 y lo mismo al Brasil campeón mundial de 1994. Yo estaba en el Estadio Centenario cuando el profesor Bengoechea se la clavó en el ángulo a Taffarel y la celeste estuvo de nuevo en la cúspide de América en 1995.

Nos indignamos con el juego de la selección en Corea-Japón del 2002, o con el 6 a 1 de Dinamarca en el Mundial de 1986, pero nunca, nunca aceptamos que el fútbol uruguayo estaba muerto. Y si no, quién olvida la zurda del Chino Recoba.

Jamás aceptamos la frase “para qué vamos a ir al mundial” o “vamos a pasar vergüenza”. En el fútbol siempre hay un David. La calidad de los jugadores nunca va a estar en discusión. No hay que olvidar que esta celeste campeona de hoy, comprometida y que despierta la admiración del mundo del fútbol, jugó un repechaje con Costa Rica para ir al Mundial de Sudáfrica de 2010.

Y en él comenzaron a caer los favoritos, y la celeste comenzó a volar y Diego Forlán comenzó a gestarse como el mejor jugador del mundo. Y si bien perdimos con Holanda 3 a 2, si el equipo celeste hubiera estado entero, otra habría sido la final. Y los uruguayos festejamos el cuarto puesto de Sudáfrica como un campeonato. ¿Saben por qué? Porque volvimos a soñar.

Llegó la Copa América 2011 y otra vez la celeste al campo de juego. Y se habla de procesos y de institucionalidad del fútbol, pero qué hubiera pasado si la media vuelta de Higuaín era gol y Argentina nos hacía las maletas en cuartos… “Este equipo está desgastado”, “en realidad, la celeste no les importa mucho, si están en Europa haciendo millones”… así hubieran hablado los profesionales de los micrófonos, a los que sólo les interesa subirse a los carros (o a los aviones).

Pero Uruguay no necesitaba demostrar nada en Argentina; ganó la copa porque fue el mejor equipo de América, pero la entrega y el talento de estos geniales futbolistas jamás deberían estar en duda. Esto es fútbol señores, y la pelota entra o no entra. Pero la gambeta e ir cada pelota como si fuera la última es nuestro. Y sino pregúntale al Ruso Pérez que debe haber visto jugar a Mario Saralegui o a Santiago Ostolaza.

El fútbol uruguayo no estaba muerto, porque el talento está en las piernas flacas que siguen apareciendo en este país, futbolero y discutidor por excelencia. Seguramente, la selección uruguaya no estaba vigente, y faltaban más dirigentes que mercantilistas, menos políticos y más futboleros en los lugares estratégicos, más técnicos que representantes y más seriedad que dinero fácil. El fútbol es un deporte, donde es tan importante el recorrido como el final. Pero para vivirlo hay que sentirlo, y no hacer usufructo de él; y si no, mirá del otro lado de la orilla a la AFA de Julio Grondona.

El fútbol, por suerte, es fútbol; todavía aparece la mano de Suárez o el limón de Venancio que le movió la pelota al chileno Aravena cuando remató el tiro libre a última ahora en las Eliminatorias de 1985.

El fútbol es inteligencia, es juego de equipo, es guapeza. Y si no, hay que darse una vuelta por el Complejo Celeste, donde en los pasillos, desde las paredes te miran Scarone, Nazasi, Obdulio, Shicaffino, Pedro Rocha y tantos más, que te dicen que mientras el fútbol sea fútbol, siempre habrá un Arévalo Ríos que la roba, un Forlán que la manda a guardar y un país que lo celebra. Porque como si fueran los hijos pródigos que volvieron al carril, hoy nos hincharon el pecho de alegría.

Nosotros no festejamos el cuarto puesto de México de 1970, a pesar de que peloteamos a Alemania y que nos ganó el Brasil de Pelé. Eran otros tiempos en que las derrotas tenían más dimensión que los triunfos. Hoy nos abrazamos a la alegría que pase junto a nosotros. Y está bueno. Pero que quede muy claro: el fútbol uruguayo nunca estuvo muerto.

La presencia de una empresa brasileña que está trasladando a trabajadores a Montes del Plata, movió al resto de los transportistas que ven diluirse un movimiento de pasajeros que en dos años generará 30 millones de dólares, con cien turnos diarios. EL ECO ya lo había adelantado en la edición del 7 de mayo pasado.

Actualmente los trabajadores que ya comenzaron sus tareas en la empresa Montes del Plata los traslada la empresa brasileña Pools a través del acuerdo mediante que realizó con un consorcio de empresas colonienses. Los ómnibus que están trabajando pertenecen a la empresa Compañía Colonia. Están haciendo el traslado de Carmelo – Conchillas tres turnos por día. Esta semana, con la sumatoria de nuevos trabajadores, los empresarios transportistas estaban a la espera quien estaría a cargo del pasaje.

Comienzo de la historia

Con la confirmación de que Montes del Plata comenzaría a construir la planta de producción de celulosa en Punta Pereira, Conchillas, el traslado de los cinco mil trabajadores a la obra se convirtió en una suerte de frutilla, de un objetivo para los empresarios de transportes de pasajeros.
Comenzaron las negociaciones y tratativas. En principio en el departamento de Colonia las doce empresas de línea se reunieron para formar un consorcio para efectivizar el transporte de pasajeros para Montes del Plata. De acuerdo a lo informado a EL ECO luego de la firma de documentos antes la Junta Departamental de Colonia, ante el Poder Ejecutivo departamental y ante oficinas del gobierno central, “nos encontramos que ese consorcio no está registrado, no existe”, dijeron a EL ECO empresarios del transporte. Sin embargo ese consorcio hoy está sub contratado por una empresa extranjera que hasta el cierre de la presente edición está realizando el traslado de los pasajeros desde Carmelo a Conchillas.

Apareció Pools

Una empresa de origen brasileño apareció en las rutas colonienses. Y no una casualidad, sino que está inserta en el corazón mismo de Montes del Plata, como veremos más adelante.

La empresa de transporte Pools alquila unidades a las empresas del departamento o uruguayas, las sub contrata, pero es ella la que negocia directamente con Montes del Plata. “Es una empresa conocida que tiene ocho o diez unidades, está en porto Alegre y ahí hace los traslados a un Polo Petroquímico (una especie de zona franca). Después absorbe otros traslados sub contratando empresas, justamente lo que está haciendo acá”, dijeron a EL ECO.

Y no llegó por casualidad, “en Montes del Plata les dijeron que si contrataban empresas de Colonia les abrían las puertas”. Existen causalidades no casualidades para que la empresa brasileña esté haciendo los traslados. De acuerdo a lo manifestado a EL ECO, en Montes del Plata, en la sección de servicios y comparas, está una persona oriunda de Porto Alegre, que trabajaba en el Polo Petro Químico (el mismo donde Pools hace los traslados) que gestionó la venida de la empresa brasileña al departamento de Colonia.

Las condiciones de Montes del Plata

Con vehemencia se afirmó a EL ECO que de acuerdo a las exigencias en el contrato de Montes del Plata con las empresas transportistas de pasajeros, ya esta semana habrán de traer ómnibus de otros lugares del Uruguay si aumenta el número de trabajadores en la obra de la planta y se suman más traslados.

Las fuentes de EL ECO señalaron que fueron muy importantes las exigencias que realizó Montes del Plata a las empresas que se presentaban a la licitación para el traslado de los trabajadores, tanto desde el punto de vista burocrático como en las unidades mismas. Por ejemplo exigen “ómnibus con menos de diez años de antigüedad y cinturón de seguridad en todos los asientos. A esto último ya no lo están cumpliendo. Y de las empresas coloniense que sub contrató la empresa brasileña, solamente Compañía Colonia tiene tres ómnibus con menos de diez años”, dijeron a EL ECO.

A la licitación las empresas que se presentaron fueron Copsa, Berrutti, Pools, y otra propuesta fue una unión de empresas de Mini turismo y ómnibus de otras partes del país.

El traslado de los pasajeros representa una verdadera fortuna para las empresas que estén a cargo. Porque serían 100 turnos diarios y que en dos años de traslado de los trabajadores sumaría 30 millones de dólares para las empresas transportistas.

Sin embargo, Montes del Plata ya le habría aclarado a los empresarios lo siguiente: “No las vamos a dar a una empresa, ni tampoco a más de tres. O sea que está entre dos y tres empresas. Y también que no le vamos a pagar un precio a uno y a precio a otro”, o sea que después la empresa realizará una contra propuesta.

Y al final dijeron a EL ECO: “Ya esta semana, si entra más gente, se necesitarán más unidades y en el consorcio no hay ómnibus con las condiciones que pide Montes del Plata, van a tener que traer de otros departamentos. ¿Dónde queda aquello que los beneficiados primero tienen que ser de Colonia, luego Uruguay y después el resto del mundo? Eso ya no es así”.

El contrato de inversión que Uruguay realizó con la empresa Montes del Plata está bajo el rótulo de “Confidencial”. Saber qué dice y qué no dice ese contrato, así como mantener el derecho de acceso a la información y a la soberanía del país, es el objetivo del fiscal Enrique Viana, quien realizó una serie de intimaciones para que el mismo salga a la luz pública.

Cuando el capital obtiene privilegios y concesiones que van más allá de los derechos y deberes de los ciudadanos consagrados en la Constitución de la República, las negociaciones se tornan exclusivas y corruptas. Así es el contrato de inversión que el gobierno uruguayo realizó con la empresa Montes del Plata, que comenzará a construir la planta de producción de celulosa en Punta Pereira, Conchillas.

Cabe recordar que de acuerdo a un decreto presidencial del ex mandatario Tabaré Vázquez, aquellas inversiones que superen determinado monto, se tratarán directamente por la Presidencia de la República y con el rótulo de interés del país.

Este decreto también fue utilizado por la administración de José Mujica para la negociación del  Estado uruguayo con la empresa Montes del Plata y al igual que el gobierno anterior cuando acordó con Botnia (hoy UPM), el tratado se mantuvo en el mayor de los secretos.

Por ello, el pasado 25 de abril, el fiscal Enrique Viana presentó un recurso ante la Justicia donde argumenta e intima a los ministerios del Exterior, de Economía y Finanzas y de Viviendas, a la Presidencia de la República y a la empresa Montes del Plata a que den a conocer el contrato de inversión que suscribieron. EL ECO accedió a la demanda presentada por el fiscal de la Nación.

Argumentaciones de Viana

Para Enrique Viana los contratos de inversión son ilícitos por contrarios al orden público constitucional y, en consecuencia, absolutamente nulos. También consigna que ha requerido información pública a diversas entidades estatales en relación a la construcción y  posterior puesta en funcionamiento de la fábrica de celulosa en el paraje Punta Pereira, sobre costas del Río de La Plata, vecino a la localidad de Conchillas, pero que se le ha negado, bajo el argumento de confidencialidad. Viana, en su escrito, indica que éste “consiste en un nuevo emprendimiento industrial, a cargo de un conjunto de multinacionales, Stora Enso y Arauco, que, a nivel nacional, operan con el nombre de Montes del Plata. La actividad industrial anunciada refiere a la producción de pasta de celulosa a partir de la madera proveniente de plantaciones forestales (eucaliptus y pinos), con destino a la elaboración de papel. Implica variados procesos químicos para el blanqueo respectivo en los que se emplean diversas substancias peligrosas para el ambiente (azufre, dióxido de cloro, óxido de sodio, etc.). Y sabido es que la industria de la celulosa es generadora de diversos y significativos impactos ambientales negativos, tanto directos: emisiones atmosféricas, contaminación de las aguas por efluentes tóxicos, residuos sólidos, mal olor, potenciales afectaciones de la salud humana, etc., como indirectos: degradación de recursos naturales por el aumento de la forestación, perturbaciones a otras actividades productivas y al turismo, etc. Inclusive, a la fecha, también se anticipan graves y variados impactos sociales: desempleo, exclusión, pobreza, prostitución, prostitución infantil, etc.”

El contrato confidencial

Ante esto, el fiscal solicitó información; el Ministerio de Economía y Finanzas contestó el requerimiento judicial, pero en los siguientes términos: “Por Resolución de 18 de enero de 2011, el Poder Ejecutivo aprobó el proyecto de contrato de inversión celebrado en esa misma fecha entre el Estado y Montes del Plata. En el numeral 5º de dicho contrato se estableció una cláusula de confidencialidad, por la que se declaró que se consideraban confidenciales, tanto el contenido del convenio, como todas las informaciones adicionales presentadas por el co-contratante. Las partes se obligaron a no divulgar ni total ni parcialmente ninguna información que se relacione con dicho convenio, salvo de común acuerdo expreso. En virtud del tenor de dicha cláusula, el Poder Ejecutivo está impedido por Derecho a proporcionar la información que fuera intimada”.

La experiencia dice que estos contratos de inversión son una continuidad de los Tratados de Inversión, que, de por sí, habilitan la renuncia de la soberanía y “la cesión de la jurisdicción y de la potestad normativa para el otorgamiento de estatutos de privilegio o de islas normativas singulares en favor de las Corporaciones Multinacionales Privadas, contrariándose el principio de igualdad de las personas ante la ley y atentándose contra los mismísimos conceptos de República y de Estado independiente. El propio Código Penal sanciona como delito contra la patria la ejecución de actos directos para someter el territorio nacional, o una parte de él, a la soberanía de un gobierno extranjero, o con el fin de menoscabar la integridad o alterar la unidad del Estado”, expresa el escrito de Viana.

Además, recuerda que una gran voz de alerta ya fue pronunciada por el egregio constitucionalista argentino German Bidart Campos: “Impedir que la economía trasnacionalizada despoje al Estado de su capacidad de reaccionar para supervisar y controlar y, a la inversa, fortalecer las competencias estaduales para regular la irrupción en el mercado interno desde el propio Derecho Constitucional, es difícil, pero no imposible. Si el colapso que los condicionamientos provenientes de un poder económico multinacionalizado significan para la política interna e internacional del Estado no consigue superarse, el espacio de la política socio-económica del Estado quedará acotado en desmedro de derechos primarios de los seres humanos, arrasados por el furor lucrativo y transgresor de la globalización económica. Habrá que rescatar, aunque cueste, la noción básica de que en cada Estado democrático, y en todos, la economía, la hacienda pública, la actividad financiera, y los particulares que operan en sus áreas deben subordinarse solidariamente a una inesquivable finalidad pública: hacer efectivos los derechos y las instituciones de la Constitución”.

En estos días, Hebert Gatto se ha pronunciado en similar advertencia: “Importa con todo recordar que los países pequeños deberíamos ser muy cuidadosos con las entregas incondicionadas de soberanía. No es placentero, en un mundo de gigantes, ser juzgados en el exterior por tribunales internacionales que ordenan conductas como amos a sus súbditos. Es cierto que los tratados tienen rango constitucional, pero eso no deroga nuestra Constitución que los contempla. Otra cosa es que, como se anuncia, demos muestra de sumisión”. (Gelman vs. Uruguay, El País, 30 de marzo de 2011).

“Se ven seriamente conmovidos los conceptos de República y de Soberanía Nacional, habilitándose aquella presión chantajista de los monstruos, tal cual se ha advertido con alarma que viene aconteciendo con la multinacional del tabaco, Philip Morris Internacional. El múltiple abandono de soberanía que suponen los Tratados de Inversión y sus sucedáneos, los contratos de inversión, conducen, inexorablemente, a que el Estado deje de ser independiente, a su deconstrucción como tal, mutándolo en una mera cáscara o apariencia, o convirtiéndolo en un simple fenómeno de ventriloquia (síndrome de Mr. Chasman y Chirolita). Va de suyo, entonces, que la antijuridicidad o ilicitud de estos contratos de inversión refieran nada menos que a la violación del orden constitucional”.

Derecho – Deber

Viana también afirma que con lo que se viene explicando, queda claro que el contrato de inversión cuyo conocimiento se deniega por el MEF es un asunto de interés general o público, de acuerdo a lo previsto en la Constitución de la República y en la Ley; por tanto, sobre el mismo no puede operar secreto, ni reserva, ni confidencialidad alguna; por el contrario, rige la regla de su publicidad o, en términos más actuales, del libre acceso a la información pública, derecho – deber (derecho de todo ciudadano, deber del funcionario público), derivado de la libertad de expresión de pensamientos, consagrada en la Constitución de la República.

Intimación

Con estos antecedentes, el fiscal Enrique Viana realizó la correspondiente intimación ante la Justicia el pasado 25 de abril:

“1º) Que se le tenga por presentado, con la documentación adjunta.-

2º) Se INTIME al MINISTERIO de RELACIONES EXTERIORES, a que, en un término de SEIS DÍAS, INFORME sobre los hechos denunciados al inicio de este escrito y con la incorporación de copia, debidamente certificada, de todos los antecedentes administrativos que posea, bajo apercibimiento, cometiéndose.-

3º) Se INTIME al MINISTERIO de ECONOMIA Y FINANZAS, exigiéndole que, en un plazo de SEIS DÍAS, suministre copia, debidamente certificada, del contrato de inversión acordado con la firma Montes del Plata, con más todos los antecedentes administrativos que posea al respecto, bajo apercibimiento, cometiéndose.-

4º) Se INTIME a la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, exigiéndole que, en un plazo de VEINTE DÍAS, suministre copia, debidamente certificada, del contrato de inversión acordado con la firma Montes del Plata, con más todos los antecedentes administrativos que posea al respecto, bajo apercibimiento, cometiéndose.-

5º) Se INTIME a la firma MONTES DEL PLATA, exigiéndole que, en un plazo de VEINTE DÍAS, suministre copia, debidamente certificada, del contrato de inversión acordado con el Estado – Poder Ejecutivo, bajo apercibimiento, cometiéndose”.

La ciudad de Nueva Palmira es sinónimo de contradicción.  Tiene dos caras muy definidas: por un lado, pululan grandes proyectos, con anuncios gubernamentales y privados, con puertos y silos por doquier. Por el otro, no posee infraestructura ni inversión pública para sostener la demanda portuaria e industrial, con trabajadores explotados y barrios pobres olvidados.

La realidad palmirense está lejos de los titulares de los diarios de Montevideo y de las inversiones privadas que rodean y se internan en la ciudad. Presentaciones de impacto ambiental como puros trámites, decisiones que se toman desde escritorios montevideanos, empresarios que aprovechan la desidia del gobierno y, en el medio, una ciudad que no disfruta de las divisas que genera. Hagamos un repaso de los últimos proyectos:

Lo último,

PrysurS.A.

En la tarde del viernes 18 de febrero llegó a la Redacción de EL ECO un comunicado de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) que anuncia que en su página web estará el proyecto de una terminal portuaria con acopio de granos y minerales en la zona franca de Nueva Palmira. El proyecto prevé el recibo, acondicionamiento, acopio y expedición de 2.5 millones de toneladas anuales de granos. También se prevé, en una etapa posterior, la posibilidad de almacenar sólidos minerales en cuyo caso la actividad máxima operativa podría alcanzar los 3.5 millones de toneladas anuales. El comunicado también se encuentra disponible en la página de internet de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, en el sitio www.mvotma.gub.uy/dinama/

Líquidos

Continúa adelante el proyecto de Ontemar para la construcción de depósitos de combustibles con una cañería directa desde el Puerto Oficial. Los depósitos serán construidos en los predios de Ontemar S.A., donde se unen la calle Perú y la calle Solís, frente a la planta de silos y oficinas de Corporación Navíos. Dichos depósitos estarán capacitados para almacenar once millones de litros de combustible. De acuerdo a la información recogida por EL ECO, DINAMA ya le dio el visto bueno con la categoría B, cuando el ingeniero Ignacio Stolkin lo reclamaba como categoría C.

Ayer en la Junta

Mientras, anoche en la Junta Departamental de Colonia, en el punto Nº 1 del orden del día figuraba que la Intendencia de Colonia le vendiera a Factoril S.A. las calles que están marcadas. Dice así: “Proyecto de Decreto por el que se declara definitivamente salidas del dominio municipal calles que se detallan de esa ciudad, se enajenan por título permuta y modo tradición, recibiendo inmuebles y diferencia en dinero que se especifican, de parte de la empresa Factoril S.A. (Repartidos Nos. 511/2007, 137, 399, 401, 506 y 569/2008 y 377/2010 – Dos tercios)”.

Está presente aquí, nuevamente, el avasallamiento empresarial ante la ausencia del contralor del gobierno. Porque perder el dominio público significa privilegiar a los poderosos en perjuicio de la ciudad. Primero se debería:

—  Definir el ordenamiento territorial.

—  Tener en cuenta que Factoril pertenece al pool de empresas en deuda con la sociedad palmirense ante la construcción de la explanada donde hoy está el puerto de Ontur.

Además, se debería repasar:

— Se deberia retasar, pues frente a ese mismo lugar, vendió tierras a 30 dólares el metro cuadrado, y que aquí el precio fijado es 2,50 y 7, 50 dólares.

Cargill

enla radial

En la intersección de las rutas 12 y 21, en la radial del 5 como se conoce comúnmente, la empresa multinacional Cargill comenzó la construcción de una planta de silos para el almacenaje y acondicionamiento de granos, con capacidad para poco más de 40 mil toneladas.

El encargado de planta, ingeniero agrónomo Gustavo Maresky, informó a EL ECO que “la idea es contar con la planta para fines de octubre o principio de noviembre próximo, para recibir la zafra de trigo”, estimó.

La planta, que tendrá una capacidad de acopio de “entre 43 y 45 mil toneladas”, constará de cuatro silos de más de 10 mil toneladas, y dos o tres pulmones, “el tercero quedamos en definirlo todavía, y serán de 1.200 o 1.300 toneladas cada uno, más una secadora a gas”. Su inversión económica ronda los “10 o 12 millones de dólares”.

Silos

Los silos de acopio de granos se multiplican. Todas las plantas instaladas en Nueva Palmira han redimensionado su capacidad de almacenaje. Las empresas ganan más dinero y todos los días nuevas firmas aparecen por la ciudad.

¿Dónde se instalan? En cualquier lado. Un vecino puede amanecer un día y tener un silo al lado; porque mientras continúa el estudio del ordenamiento territorial de Nueva Palmira, se dan permisos de obras, se proyectan inversiones y la vida se vuelve imposible.

“Palmira está descosido”, dijo el presidente José Mujica, y la verdad es que sí, lo está,  pero no hay autoridad que le dé una puntada.

Belwood

Es una terminal de granos de ADM, un proyecto que se desarrolla en Zona Franca. En principio, se trataba de dos proyectos: uno era Cartisur, y el otro Belwood. La iniciativa de este último fue aprobada y restaba la aprobación del proyecto ejecutivo, que se dio hace unos días, según informó a EL ECO, el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Alberto Díaz.

CartysurS.A.

Envuelto en el conflicto bilateral con la República Argentina, el proyecto de Cartisur “saldría en tres meses, no puede esperar más”, señaló a  EL ECO el responsable del proyecto, el ingeniero químico Diego Moltini (quien también es responsable de Prysur S.A.). El emprendimiento pertenece a Cristophersen.

El proyecto de Cartisur es, básicamente, una terminal portuaria con depósito para combustible y otros graneles líquidos en la Zona Franca de Nueva Palmira. Fue presentado en el mes de noviembre de 2007 ante la DINAMA, uniéndose ahora a la terminal Prysur S.A.  El presidente de la ANP, Alberto Díaz,  dijo a EL ECO que el proyecto ya estaba “aprobado”.

Al final

Con estos proyectos y realidades, los palmirenses (todos) no se merecen una ciudad mejor.

Por ejemplo, en esta ciudad de inversiones y ganancias suculentas, el proyecto del PIAI en los barrios Asencios e Higueritas tiene varios talones de Aquiles, demasiados. Uno está en el saneamiento. OSE ha anunciado que en el próximo quinquenio estudiará la posibilidad del saneamiento para Nueva Palmira; sin embargo, desde el proyecto PIAI las autoridades del gobierno han dicho que, con estas obras, el saneamiento “ha comenzado”. Por supuesto que no han dicho cómo, ya que este inicio será en cinco piletas a cielo abierto, sin impermeabilización que, canaletón mediante, descargarán en la Dársena Higueritas.

“Esto no es vida”, dicen los vecinos del Barrio Higueritas cuando sopla el viento del sur y hay operaciones con granos en Navíos, en el Puerto Oficial u Ontur. El polvillo llega a los patios, penetra por las ventanas, por debajo de las puertas y asfixia a los chicos y grandes que sufren enfermedades respiratorias.

Esta historia continuará.

El acuerdo previo que existe entre la empresa y el Estado uruguayo para la instalación de la planta de producción de celulosa en Conchillas, hace que el fiscal Enrique Viana diga que “la audiencia pública, y los estudios de impacto ambiental sea una puesta en escena, una teatralización, porque ya todo está acordado”.
En el año 2006 el entonces presidente doctor Tabaré Vázquez liberó un decreto que si una inversión superaba determinado monto, se convertía en asunto de la Presidencia de la República. Entonces el Poder Ejecutivo era quien negociaba con la empresa de turno, y luego del acuerdo que arribaban, el Estado se convertía en un socio minoritario.
Así pasó con la empresa Botnia donde el Estado uruguayo defendió la instalación de la empresa a capa y espada. Tanto fue así que los gobiernos de Vázquez y Kirchner que comenzaron sus gestiones con abrazos y fuertes lazos, terminaron en un conflicto internacional que cruzó el océano. Además, aquellas audiencias públicas, evaluación de estudios ambientales, foros, movilizaciones, debates, sin saberlo estaban condenados, por lo menos en nuestro Uruguay. El Poder Ejecutivo había convertido en causa nacional la instalación de la planta de producción de celulosa en Fray Bentos.

Hoy Montes del Plata
El pasado jueves 9 de diciembre en Conchillas se realizó la audiencia pública para que la sociedad opine sobre la instalación de Montes del Plata. Pero seguramente el pescado ya está vendido. Por ello el Fiscal de la Nación, Enrique Viana, tiene como objetivo comenzar acciones legales contra el Estado, si éste aplica el decreto del doctor Vázquez. Las acciones comenzaron, aunque hasta ahora “lo que ha hecho la fiscalía no es una demanda, sino que está pidiendo información, lo que se llama diligencias preparatorias, previas a un posible juicio con una demanda en el futuro”, indicó el fiscal a EL ECO.
Vía telefónica Viana indicó a EL ECO que en este momento “se está pidiendo información oficial, iniciando un procedimiento judicial que tocó en el Juzgado 16 de lo Civil, para que el Juzgado requiera información al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Economía, a los efectos de conocer los detalles de lo que se ha anunciado como un acuerdo que el Estado uruguayo habría realizado con esta multinacional, con el propósito de instalarse allí en Punta Pereyra, Conchillas”.
Conociendo las implicancias que tiene la instalación de una nueva planta de celulosa, esta vez sobre el Río de la Plata, “lo más importante para la Fiscalía es si existe o no un acuerdo ya firmado. Aparentemente existe una negociación, eso sí ya está confirmado y se estaría por firmar un acuerdo. Entonces la Fiscalía entiende que cualquier acuerdo que se hubiese firmado, estaría demostrando que todas aquellas cuestiones que se refieren a la protección del medio ambiente, todos aquellos procedimientos formales referidos a la evaluación de impacto ambiental, y a la posterior autorización ambiental, carecerían de sentido si ya existe un acuerdo a nivel estatal”.
Se repite lo que pasó en el año 2005 con el tema de Botnia. “Toda la etapa de la supuesta actuación del Ministerio de Medio Ambiente, fue una instancia burocrática que no supuso ningún obstáculo para que esa empresa se instalara, sobre la base de un acuerdo que en aquel tiempo no se lo mencionaba de esta manera, hoy en el caso de Stora Enso (Montes del Plata) sí se lo menciona como algo suscrito, acordado”.

—Que ambas empresas que forman Montes del Plata hayan tenido problemas ambientales y con las comunidades en sus países de origen, tiene incidencia en esta instancia judicial”.
—Si, en general estas industrias tienen problemas en sus lugares de origen. Parte de las ventajas de instalarse en nuestro territorio están justamente en huir de lo mal vista que son en sus países de origen. El traslado a estas tierras, es que saben que en nuestros países se les va a incentivar para que se instalen, se les van abrir las puertas y muy difícilmente existan los mecanismos de control y de exigencia ambiental que las obliguen a proteger el medio ambiente y así obtienen unas ventajas que allá ya las han perdido.

—Además el Estado como tal no está capacitado para efectuar los controles.
—Justamente, yo he dicho reiteradamente que estas empresas cuando se instalan acá, es que saben que no existe la capacidad de control. Si a eso le sumamos que se firman estos acuerdos y el Estado se convierte en una suerte de socio de hecho de la industria, de alguna manera tienen asegurada la instalación en estos países.

—Y estas empresas toman a funcionarios públicos, de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA).
—Exactamente, lo mismo hizo la minera Aratirí que tomó funcionarios de la propia DINAMA. Entonces claro, es muy grande la sospecha que uno puede tener para confiar en los procesos de protección ambiental, de evaluación de impacto. Si por un lado ya se dice que está todo consumado, que está todo arreglado, que esta gente se va a instalar, cualquier puesta en escena que se haga de evaluación de impacto ambiental, no deja de ser eso, lo que un autor brasileño llamó estado teatral. Una suerte de puesta en escena de supuestos estudios, de supuestos controles, de supuesta evaluación, de supuestos mecanismos de participación, cuando la decisión ya está tomada.

—Cuál es el futuro que usted intuye?
—En el 2005, cuando presenté la demanda de Botnia, sostuve que el Estado se había colocado en una posición de socio de la industria. En la medida que estaba en esa posición, no estaba capacitado jurídicamente para controlar la industria. Se convertía en juez y parte, no era imparcial y no era confiable cualquier procedimiento de evaluación y de control que realizara a estas industrias.
Y yo creo que hoy los hechos se han adelantado, se anticipa lo que antes se mantenía más clandestinamente, se anticipa que en efecto existe un acuerdo, existe un verdadero contrato entre el Estado y la multinacional. Eso a mi juicio le quita valor a toda actuación del Ministerio de Medio Ambiente, el estudio evaluación de impacto ambiental carece de valor, ya que el Estado tiene firmado un acuerdo.

Palabra de Viana
“Estos acuerdos que se firman tienen como respaldo un decreto del gobierno del período pasado, que originalmente se iba a aplicar con Portucel y se supone que en estos días se estaba por firmar con Montes del Plata y con la minera Aratirí.
Es un decreto de (Tabaré) Vázquez que establece que para inversiones que superen determinado monto, la Presidencia de la República tenía que hacerse cargo de la negociación y ésta terminaba con un contrato de inversión, o con otro nombre que ustedes van a ver en la prensa, es Memorando de Entendimiento. En definitiva aparecen como partes el Estado por un lado y la multinacional por el otro. Y allí se acuerdan una serie de cláusulas que seguramente están las referidas a los incentivos y a las exoneraciones impositivas que se les dan a este tipo de industrias.
Estos acuerdos en realidad son un acercamiento a los tratados de inversión; en el caso de Botnia el Tratado con Finlandia, en el caso de Stora Enso el Tratado con Suecia, pero estos tratados son entre Estados, es muy distinto que entre un Estado y una multinacional, y que en general quien asume la posición dominante es la multinacional”.

A pesar de la tristeza, del dolor, porque el domingo pasado perdimos la oportunidad de correr las cortinas de la impunidad, de conocer el pasado, que no festejen los uniformados culpables ni los civiles cómplices, porque nunca caerá la búsqueda de la verdad, de saber dónde están los restos de los desaparecidos.
El egoísmo y la individualidad hoy pesa mucho en nuestros días. Mientras lanzamos al viento los reclamos de seguridad y cárcel para los chorros, y le ponemos doble cerradura a nuestras puertas, no queremos saber qué pasó en aquellos días donde podías ir preso por pensar, por hablar o por levantar la mano. Que no sólo te robaban el dinero o el celular, sino que además (además) te llevaban la vida.
Fueron tiempos oscuros, con delincuentes que te robaban la vida y la alegría, días de violencia y autoritarismo. A la vida primero te la destruían a golpes, mediante picanas y cachiporras. Luego te la encerraban y luego hacían desaparecer el cuerpo del delito (que era un ser humano sin vida) o un niño que se lo entregaban a familias que estaban vinculadas con militares.
Por todo lo que pasó y lo que podría pasar en el futuro, es que era fundamental que el domingo pasado la ley de caducidad hubiera sido anulada. El reloj de cada uno es el reloj de cada uno, pero no quita que me diera vergüenza ver los canales de televisión argentinos difundiendo que los uruguayos no anulamos la ley de caducidad, que hubo montevideanos que festejaron la no anulación de la ley de impunidad y que votó y fue mayoría la frase “no me importa porque pasó hace muchos años”.
El ex presidente Julio Ma. Sanguinetti dijo satisfecho que los uruguayos habíamos ratificado. Se equivoca el ex líder colorado, porque el 48 % de los uruguayos votamos para anular la ley de caducidad, y en el desglose de quienes no lo hicieron, la mayoría es la lamentable indiferencia ciudadana, pero nunca la complicidad que tuvo Sanguinetti antes, durante y después de sus dos mandatos, con los militares que encarcelaron a miles y secuestraron y desaparecieron a cientos de uruguayos.
Los delitos de lesa humanidad, significa que son delitos contra la humanidad. Y esta ley de caducidad que no los toca, que dice que el Estado renuncia a juzgar a esos delitos, va a ser una desaparecida. Como los que ella ignora, será una desaparecida caducidad y los que hoy están en la sombras florecerán. Surgirán, porque a pesar del miedo y la confabulación del voto amarillo de 1989 y la indiferencia de no colocar la papeleta en el sobre de 2009, los desaparecidos y sus verdugos, los niños secuestrados y sus captores, forman parte de la historia uruguaya que no podrán esconder por más tiempo.
Porque la ley no fue anulada no quiere decir que no sea indigna ni cruel. Nuevamente las palabras de inconstitucionalidad, de ilegal o inhumana se escucharán en la radio. Hasta que no sepamos la verdad, hasta que no les saquemos el rótulo a los desaparecidos y se conviertan en hombres y mujeres asesinados, hasta que no sepamos dónde y cómo los mataron, siempre habrá una voz, que se escuchará suave o fuerte, pero tozudamente dirá verdad y justicia.

Por Daniel Roselli
Con la presencia de Macarena Gelman y Valery Roslik, dos hijos de asesinados por los militares uruguayos, nuevamente se agita la verdad para resquebrajar los pilares de la impunidad. Ellos están en Nueva Palmira para apoyar la campaña para anular la ley de caducidad.
“Dejá Negro, eso pasó hace 30 años, ya está”, me dijo un amigo en una noche de charla en la cantina del Club Palmirense. “Porque no te pasó a vos. Y para que esto tenga un final real, se tiene que saber qué pasó, cómo pasó y quiénes son los responsables de los homicidios, los secuestros y las torturas. Hasta que eso no suceda, siempre habrá alguien reclamando justicia”.
Además para la historia treinta años no son nada, y aunque intentan borrar los hechos, crear una amnesia generalizada o el discurso poderoso es tacharnos de anticuados porque creemos que se debe saber la verdad, aún así se abren ventanas que permiten ver un pasado que late y reclama.
Y esa historia tiene testimonios y testigos vivos y muertos. Ellos son los que mantienen viva esa necesidad inquebrantable de saber dónde están las personas que se convirtieron en desaparecidos. Primero saber y ver dónde están los restos de personas que fueron ejecutadas porque militaban y soñaban por una vida distinta. Saber dónde fueron a parar sus restos, qué les pasó realmente es muy, pero muy necesario.
Los militares criminales. Son toda una historia (genocida), que están escudados en el anonimato y en la impunidad. Se debe saber quiénes fueron esos hombres con galones o no, que ordenaron y ejecutaron las picanas, los submarinos, los asesinatos… No es posible como país mirar para otro lado cuando responsables de tanta atrocidad junta, se jactan y recuerdan irónicamente lo que hicieron.
Esa ley llamada de caducidad, fue hija de la complicidad y del temor de políticos como Julio Ma. Sanguinetti o Jorge Batlle; también nació por el temor y la desinformación de los uruguayos. Fue tanto el miedo que se sembró, que nació en cualquier suelo de cualquier casa. Pero ni el discurso más conservador puede decir que haya cerrado las heridas y además esa ley es un fracaso en sí misma, porque ampara a los militares y policías que cometieron las atrocidades, pero también ordena investigar y descubrir dónde están los desaparecidos. Y esto no se ha cumplido, pues se han encontrado casi todos los bebés secuestrados de otrora y jóvenes de hoy, pero se cuentan por decenas las personas desaparecidas. Mientras tanto, los militares dan pistas falsas al gobierno, que remueve y remueve tierra por doquier.

La Ley
Para saber hacia dónde vamos, es necesario también saber de dónde venimos. Y saber lo que pasó, por ejemplo saber en qué contexto se aprobó la ley de caducidad, de la que tanto se vanaglorian políticos y militares.
En el año 1986, la máxima autoridad judicial dictaminó que la justicia común era competente para actuar en todos los delitos de lessa humanidad cometidos por militares y policías. De inmediato, la Justicia retomó el estudio de los casos y se comenzaron a realizar las primeras citaciones a los implicados. Ante ello, con prepotencia y amenazando el comandante del Ejército de entonces, general Hugo Medina, declaró que las mismas estaban en un cajón de su despacho y no saldrían de allí, con lo que se colocaba claramente en una posición de desacato a las decisiones del Poder Judicial. También creó una ola de miedo por todo el país, con el sustento de los sectores de derecha más reaccionarios.
La ley se aprobó el 22 de diciembre de 1986 antes que los militares estuvieran en desacato. El país vivía momentos de presión, y eso se trasladó al año 1989, cuando se votó por el referéndum entre el voto amarillo y el voto verde. Allí no sólo se amenazaba militarmente, si no también se decía que “si no votás amarillo perdés la jubilación”, “te quedás sin trabajo”, “el voto verde es de los tupamaros”, etcétera, etcétera.
Pero hay otra realidad, de la que siempre se habla, de todas las tiendas políticas, del “glorioso voto” del NO en el plebiscito del año 1980. Allí los militares propusieron una reforma constitucional que los perpetuaba en el poder. Allí el pueblo les dijo que no (un resultado contra todos los pronósticos) que se marcó en la vida política.
Pero qué hubiera pasado si hubiera triunfado el SI, los políticos hubieran aceptado la inconstitucionalidad lograda por los militares en base al miedo y a las amenazas. Seguramente no, entonces por qué ahora no tocan la ley de caducidad.
Los argumentos del plebiscito de 1980 al de 1989 fueron iguales. El temor, el abuso, la presión y la impunidad. Ambos votos son una misma cosa: El SI y el voto amarillo fueron lo mismo. Y el primero perdió porque hubo líderes de partidos políticos tradicionales que no lo apoyaron y sí lo hicieron en el voto amarillo. En la cantidad de votos está la diferencia. Mientras que la posición política, los valores éticos, de justicia y democráticos, son los mismos del NO a los militares y del voto verde a favor de la Justicia.
Hasta las números de ambos plebiscitos, aunque invertidos, son parecidos: Plebiscito* de 1980 57,2 para el NO y 42,7 para el SI. Referéndum DE 1989: 57 % para el voto amarillo y el 43 % para el voto verde.

Ahora es el momento
No aparece parlamentario alguno que plantee la anulación de la ley de caducidad. Y sin embargo, con la mayoría en las cámaras, el Frente Amplio solo podría anular la ley de caducidad. Según sus propios dichos, el FA nació en defensa de la justicia, la democracia y una sociedad sin brechas entre la riqueza y la indigencia. Hoy anulando la ley ese Frente Amplio podría tomar esos valores, y no aparecer pateando la pelota, como si dentro de dos años no existiera la misma realidad de hoy. Porque mientras permanezca la ley de caducidad Uruguay está en falta ante los organismos internacionales de derechos humanos y no cumple con aquel viejo dicho hoy tan en desuso: que todos somos iguales ante la ley.

*En favor del NO se expresó ese día una mayoría contundente: 57,2%, contra un 42,7% que se manifestó por el «SI». En términos de votos, la primera alternativa lograría una apreciable ventaja de 238.058 sufragios (945.176 ciudadanos lo hicieron por el «NO» y 707.118 apoyaron el «SI»). La oposición a la reforma constitucional obtuvo la victoria en once departamentos (Montevideo, Canelones, Maldonado, Cerro Largo, Salto, Paysandú, Río Negro, Colonia, San José, Florida y Durazno) mientras que el «SI» triunfó en ocho (Rocha, Treinta y Tres, Rivera, Artigas, Soriano, Flores, Lavalleja y Tacuarembó). La votación transcurrió con absoluta normalidad, destacándose un alto nivel de participación: 86,8% del total de habilitados para votar (1.944.951

El hecho
Para Mario Callero este hecho quedó en el baúl de los recuerdos. Pasaron muchos años para que saliera a la luz, y lo que plantea son interrogantes, pero con una afirmación contundente: A un cementerio no se va a tirar cualquier deshecho, sino que son restos humanos. Y la pregunta es ¿cuántas veces habrán venido personas a depositar bolsas negras?
EL ECO también consultó personas que por muchos años han trabajado en el cementerio de Nueva Palmira. Uno de ellos se molestó con el testimonio que brinda Mario Callero. Y negó rotundamente que “haya algo. La gente se confunde porque una vez vinieron militares a enterrar unos familiares de ellos. O porque dicen que hay unas tumbas NN, pero son algunos que se les perdió la chapa”.
Pero además, el extinto secretario de la Junta Local de Nueva Palmira, Alfredo Viviano, afirmaba en sesiones de la Junta Local en el período 1985 – 1990 -EL ECO fue testigo de ello- que en el cementerio de esta ciudad hubo enterramientos clandestinos. “Viviano decía que a él no le informaban oficialmente, ni que venían con cajones, sino que venían militares, sin comunicación oficial, sin trámites y enterraban así nomás, en forma precaria”, señaló también a EL ECO un edil local de ese período que escuchó las afirmaciones de Alfredo Viviano.

Por qué puede ser
El testimonio de Mario Callero puede revelar pruebas de tumbas ilegales en Nueva Palmira o quizás no vaya más allá de una historia anecdótica. Pero hay una realidad: Esta ciudad estuvo rodeada de hechos trágicos, del pasaje de cuerpos asesinados por militares, ya sean argentinos o uruguayos.

En aviones
En el relato que José Pepito Pereyra, El Oriental, le realizó a Carlos Ma. Domínguez en el libro Escritos en el Agua, resume cómo los aviones argentinos tiraban cuerpos frente a las costas palmirenses del lado argentino:
“Venían los aviones y había que esperar que tiraran los bultos y después cruzar, a veces tapados con ramas para que no nos vieran. Y también tiraban de día, a cualquier hora, con helicópteros, no tenían horario”.
“En el Bravo tiraban de día. El helicóptero abría las compuertas y largaba bultos al agua. Y usted iba a mirar y eran tipos envueltos en las bolsas, atados con alambres. Desnudos en las bolsas o envueltos en esas frazadas de las cárceles”.
“Nosotros atravesábamos la isla, armando trampas, y dos por tres hallábamos un viejo, ahí, que lo habían tirado. Estaba el esqueleto. ¿Y qué? ¿Íbamos a ir a avisarle a alguien? Nos cagaban a palo a nosotros”.
“Los tiraban donde cayera, y el agua, después, los traía. Usted sabe que el río ahora puede estar bajando, pero esta noche, si hay luna llena, puede pegar un repunte de dos metros, en un rato. Y al otro día aparece un viejo ahí, al lado, donde está usted…”
“Nosotros encontrábamos cuerpos frescos, bien frescos, y no tenían golpes. Los revisábamos, los dábamos vuelta, y no tenían herida de bala ni grandes magulladuras. Y había gente que los buscaba a ver si traían dientes de oro y sacárselos”.

En lancha
“Me llamó la atención una alfombra arrollada que bajaban entre dos personas, como de 1.80 de largo; a mí me pareció que en esa alfombra arrollada traían a una persona. Vimos que los encapuchados eran una cinco personas”, testimonio de un ex marinero de la Prefectura de Nueva Palmira que dio su testimonio ante el juez Luis Charles sobre los traslados clandestinos en lancha de presos políticos uruguayos que estaban encarcelados en Argentina.
Este testimonio, junto al de Rudi Véliz, fue fundamental para que el ex dictador Gregorio Goyo Alvarez fuera procesado con prisión por delitos de secuestros y homicidio por la Justicia uruguaya.

En Rivera la nuera de Gelman
Cada vez y con más certeza aparecen más signos de que existen restos de desaparecidos en el interior del país. Ahora la Justicia tiene un informe elaborado por el antropólogo Horacio Solla, donde se identifica con un 90% de certeza, que un cráneo encontrado en el cementerio de la localidad de Vichadero (en Rivera), pertenece a María Claudia García de Gelman.
La pericia fue entregada el mes pasado al juzgado que investiga la desaparición de la nuera del poeta argentino Juan Gelman, trasladada embarazada en 1976 a Montevideo, donde dio a luz en una unidad militar y luego fue asesinada.
Solla realizó un trabajo de comparación entre el cráneo y las fotografías de la mujer desaparecida.
Ahora se espera que el fiscal del caso Luis Bajac disponga la realización de exámenes de ADN para ratificar el hallazgo.

Testimonios
Cuatro trabajadores portuarios aseguran que el agua y desperdicios de la limpieza de bodegas del buque Caledonia que tenían fertilizantes fueron directamente al Río Uruguay. Mientras que lo niegan totalmente el capitán de puertos, Flavio Castro, el representante de la agencia Christophersen, Julio Rodríguez y el prefecto de Nueva Palmira, Eduardo Villalba.
El buque Caledonia de bandera malta, proveniente de Israel descargó para ADM 7.000 toneladas de fertilizante que se depositaron en la empresa Cargil, en los depósitos de la ex Barraca Bianchi, sito en Chile y La Paz. El buque fue asistido por la agencia marítima Schandy S.A., estuvo amarrado al muelle oficial los días martes, miércoles y jueves. Al otro día, el viernes, cargó 25.000 toneladas de maíz paraguayo en Corporación Navíos.

La limpieza
Fuentes extraoficiales dijeron a EL ECO que la limpieza se realizó “cuando el buque estaba amarrado al muelle oficial. Fue así, no tengas duda”. Y agregaron, “sabes por qué lo decimos, por la disposición de las puertas de las bodegas. Las limpiaron y tiraron el agua directamente, del lado del río, no del muelle”.
También indicaron a EL ECO que el buque estaba amarrado al muelle oficial, “y directamente pasó para Navíos, no fue a rada siquiera”.
Y las irregularidades con el agua de lastre y sentina son comunes para los trabajadores portuarios, “para nosotros ver que tiran agua salada, es cosa de todos los días”, señalaron trabajadores que prefirieron no darse a conocer públicamente.
También señalaron que el agua de lastre que derraman en los puertos palmirenses, tiene “mucho óxido, no es que la cargaron hace poco, viene de muy lejos”. Y con alarma señaló, “si vieran como sale el agua de los barcos”.

Palabras oficiales
Flavio Castro, capitán de puertos de Nueva Palmira, dijo a EL ECO que “es un tema del prefecto y de Christophersen, nosotros en el tema del agua no tenemos injerencia. Y acá tengo el procedimiento del prefecto y el procedimiento que se hizo es el correcto”.
Preguntado si hubo derrame del agua, Castro dijo que “no, no, eso fue para tanque. Está la firma del capitán (del buque) en una declaración de jurada que se depositó en el tanque. Lo que yo evalúo es que hay manija para darle un poco de color político. Viene por ese lado”.
Mientras que Julio Rodríguez, representante de la agencia marítima Christophersen, señaló que “se siguieron los parámetros que están previstos por la ANP y Prefectura. Se dio el aviso, no se tiró absolutamente nada al agua, lo constató Prefectura. Sólo eso. El agua se mandó a un tanque de slot, a una sentina como le decimos aquí”.
El prefecto de Nueva Palmira, Eduardo Villalba, ratificó a EL ECO que el agua de la limpieza de bodegas se depositó en tanques para luego ser tirada al mar. “El buque a solicitud de la agencia marítima o armador, planteó la limpieza de bodegas. Porque tenía fertilizantes y luego iba a cargar granos. El agua de la limpieza permanece en el buque por resolución de la Organización Marítima Internacional hasta que traspase las 200 millas de la costa. Por lo tanto ese líquido se volcaba en altamar. Eso fue lo que pasó”.