El fiscal Enrique Viana acusa el teatro de Montes del Plata
Por Daniel Roselli
El acuerdo previo que existe entre la empresa y el Estado uruguayo para la instalación de la planta de producción de celulosa en Conchillas, hace que el fiscal Enrique Viana diga que “la audiencia pública, y los estudios de impacto ambiental sea una puesta en escena, una teatralización, porque ya todo está acordado”.
En el año 2006 el entonces presidente doctor Tabaré Vázquez liberó un decreto que si una inversión superaba determinado monto, se convertía en asunto de la Presidencia de la República. Entonces el Poder Ejecutivo era quien negociaba con la empresa de turno, y luego del acuerdo que arribaban, el Estado se convertía en un socio minoritario.
Así pasó con la empresa Botnia donde el Estado uruguayo defendió la instalación de la empresa a capa y espada. Tanto fue así que los gobiernos de Vázquez y Kirchner que comenzaron sus gestiones con abrazos y fuertes lazos, terminaron en un conflicto internacional que cruzó el océano. Además, aquellas audiencias públicas, evaluación de estudios ambientales, foros, movilizaciones, debates, sin saberlo estaban condenados, por lo menos en nuestro Uruguay. El Poder Ejecutivo había convertido en causa nacional la instalación de la planta de producción de celulosa en Fray Bentos.
Hoy Montes del Plata
El pasado jueves 9 de diciembre en Conchillas se realizó la audiencia pública para que la sociedad opine sobre la instalación de Montes del Plata. Pero seguramente el pescado ya está vendido. Por ello el Fiscal de la Nación, Enrique Viana, tiene como objetivo comenzar acciones legales contra el Estado, si éste aplica el decreto del doctor Vázquez. Las acciones comenzaron, aunque hasta ahora “lo que ha hecho la fiscalía no es una demanda, sino que está pidiendo información, lo que se llama diligencias preparatorias, previas a un posible juicio con una demanda en el futuro”, indicó el fiscal a EL ECO.
Vía telefónica Viana indicó a EL ECO que en este momento “se está pidiendo información oficial, iniciando un procedimiento judicial que tocó en el Juzgado 16 de lo Civil, para que el Juzgado requiera información al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Economía, a los efectos de conocer los detalles de lo que se ha anunciado como un acuerdo que el Estado uruguayo habría realizado con esta multinacional, con el propósito de instalarse allí en Punta Pereyra, Conchillas”.
Conociendo las implicancias que tiene la instalación de una nueva planta de celulosa, esta vez sobre el Río de la Plata, “lo más importante para la Fiscalía es si existe o no un acuerdo ya firmado. Aparentemente existe una negociación, eso sí ya está confirmado y se estaría por firmar un acuerdo. Entonces la Fiscalía entiende que cualquier acuerdo que se hubiese firmado, estaría demostrando que todas aquellas cuestiones que se refieren a la protección del medio ambiente, todos aquellos procedimientos formales referidos a la evaluación de impacto ambiental, y a la posterior autorización ambiental, carecerían de sentido si ya existe un acuerdo a nivel estatal”.
Se repite lo que pasó en el año 2005 con el tema de Botnia. “Toda la etapa de la supuesta actuación del Ministerio de Medio Ambiente, fue una instancia burocrática que no supuso ningún obstáculo para que esa empresa se instalara, sobre la base de un acuerdo que en aquel tiempo no se lo mencionaba de esta manera, hoy en el caso de Stora Enso (Montes del Plata) sí se lo menciona como algo suscrito, acordado”.
—Que ambas empresas que forman Montes del Plata hayan tenido problemas ambientales y con las comunidades en sus países de origen, tiene incidencia en esta instancia judicial”.
—Si, en general estas industrias tienen problemas en sus lugares de origen. Parte de las ventajas de instalarse en nuestro territorio están justamente en huir de lo mal vista que son en sus países de origen. El traslado a estas tierras, es que saben que en nuestros países se les va a incentivar para que se instalen, se les van abrir las puertas y muy difícilmente existan los mecanismos de control y de exigencia ambiental que las obliguen a proteger el medio ambiente y así obtienen unas ventajas que allá ya las han perdido.
—Además el Estado como tal no está capacitado para efectuar los controles.
—Justamente, yo he dicho reiteradamente que estas empresas cuando se instalan acá, es que saben que no existe la capacidad de control. Si a eso le sumamos que se firman estos acuerdos y el Estado se convierte en una suerte de socio de hecho de la industria, de alguna manera tienen asegurada la instalación en estos países.
—Y estas empresas toman a funcionarios públicos, de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA).
—Exactamente, lo mismo hizo la minera Aratirí que tomó funcionarios de la propia DINAMA. Entonces claro, es muy grande la sospecha que uno puede tener para confiar en los procesos de protección ambiental, de evaluación de impacto. Si por un lado ya se dice que está todo consumado, que está todo arreglado, que esta gente se va a instalar, cualquier puesta en escena que se haga de evaluación de impacto ambiental, no deja de ser eso, lo que un autor brasileño llamó estado teatral. Una suerte de puesta en escena de supuestos estudios, de supuestos controles, de supuesta evaluación, de supuestos mecanismos de participación, cuando la decisión ya está tomada.
—Cuál es el futuro que usted intuye?
—En el 2005, cuando presenté la demanda de Botnia, sostuve que el Estado se había colocado en una posición de socio de la industria. En la medida que estaba en esa posición, no estaba capacitado jurídicamente para controlar la industria. Se convertía en juez y parte, no era imparcial y no era confiable cualquier procedimiento de evaluación y de control que realizara a estas industrias.
Y yo creo que hoy los hechos se han adelantado, se anticipa lo que antes se mantenía más clandestinamente, se anticipa que en efecto existe un acuerdo, existe un verdadero contrato entre el Estado y la multinacional. Eso a mi juicio le quita valor a toda actuación del Ministerio de Medio Ambiente, el estudio evaluación de impacto ambiental carece de valor, ya que el Estado tiene firmado un acuerdo.
Palabra de Viana
“Estos acuerdos que se firman tienen como respaldo un decreto del gobierno del período pasado, que originalmente se iba a aplicar con Portucel y se supone que en estos días se estaba por firmar con Montes del Plata y con la minera Aratirí.
Es un decreto de (Tabaré) Vázquez que establece que para inversiones que superen determinado monto, la Presidencia de la República tenía que hacerse cargo de la negociación y ésta terminaba con un contrato de inversión, o con otro nombre que ustedes van a ver en la prensa, es Memorando de Entendimiento. En definitiva aparecen como partes el Estado por un lado y la multinacional por el otro. Y allí se acuerdan una serie de cláusulas que seguramente están las referidas a los incentivos y a las exoneraciones impositivas que se les dan a este tipo de industrias.
Estos acuerdos en realidad son un acercamiento a los tratados de inversión; en el caso de Botnia el Tratado con Finlandia, en el caso de Stora Enso el Tratado con Suecia, pero estos tratados son entre Estados, es muy distinto que entre un Estado y una multinacional, y que en general quien asume la posición dominante es la multinacional”.
